San Sebastián se enfrenta a la Junta de Control Fiscal

Argumentan que la ley PROMESA es inconstitucional bajo la Constitución de Estados Unidos e ilegal bajo el derecho internacional.
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En una carta cursada a Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la representación legal del Gobierno Municipal argumenta que la Ley PROMESA es inconstitucional bajo la Constitución de Estados Unidos e ilegal bajo el derecho internacional, por lo que dicho organismo no tiene autoridad legal para subordinar al Municipio de San Sebastián a sus determinaciones fiscales. 

Con esta acción del Municipio de San Sebastián, es la primera vez que una entidad gubernamental cuestiona la Ley PROMESA bajo la Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos y bajo el derecho internacional. 

En un comunicado de prensa, se indicó que el 9 de mayo de 2019, la Junta de Supervisión Fiscal unilateralmente estableció que los 78 municipios de Puerto Rico son instrumentalidades del territorio de Puerto Rico, abarcadas por la Ley PROMESA. 

También, unilateralmente seleccionó a 10 municipios para un programa piloto en el cual se desarrollarían planes fiscales y presupuestos que serían revisados y certificados por la JSF. Estos 10 municipios son San Sebastián, Barranquitas, Isabela, Cidra, Orocovis, Comerío, Villalba, Aibonito, Camuy y Quebradillas. 

Amparado en la presunta ilegalidad de PROMESA y, por ende, en la falta de autoridad de la Junta para obligar al Municipio de San Sebastián, el pasado 5 de agosto de 2020, el Alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, emitió la Orden Ejecutiva Núm. 2020-21-004: 

“Para expresar enérgico repudio a las acciones unilaterales de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, impuesta por la Ley [PROMESA], 48 U.S.C. Sec. 2101 et. seq., en perjuicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos de San Sebastián, y en menoscabo de la voluntad democrática expresada a través del voto mediante la cual se delegó en los funcionarios electos municipales la facultad de implementar las políticas públicas en beneficio de la comunidad, entre otros fines”, reza el documento. 

Mediante esa orden ejecutiva, el alcalde Javier Jiménez Pérez enfatizó la autonomía fiscal que San Sebastián posee en virtud de la Ley de Municipios Autónomos (ahora Código Municipal de Puerto Rico), y sobre los estados financieros del Municipio, que demuestran la salud fiscal del Gobierno Municipal, lo que le ha permitido operar sin déficit alguno durante más de 15 años. 

Además, facultó a los funcionarios del Municipio para contratar los servicios profesionales necesarios para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos de San Sebastián, su autonomía fiscal, y su gobierno municipal democrático. A través de la Resolución Número 4, implementada por la Legislatura Municipal de San Sebastián, ese organismo se unió a las declaraciones del alcalde contenidas en la Orden Ejecutiva Núm. 2020-21-004. 

El 30 de junio de 2020, la Junta de Supervisión Fiscal certificó el Plan Fiscal para el 2020 y el presupuesto para el 2021 para el Municipio de San Sebastián. El Plan Fiscal certificado por la Junta para San Sebastián contiene varias fechas límites en las que el Municipio tiene que remitirle información financiera y de política pública a la Junta de Control Fiscal. 

El 18 de agosto de 2020, la directora ejecutiva Jaresko le envió una carta al alcalde Jiménez en la que le notificó sobre su “incumplimiento” con lo establecido en el Plan Fiscal certificado por la Junta, y extendió las fechas para que el Municipio cumpliera con lo requerido por la JSF. 

Posteriormente, el 21 de septiembre de 2020, Jaresko le cursó otra carta al alcalde pepiniano reiterándole su incumplimiento con las fechas establecidas en el Plan Fiscal y en la carta del 18 de agosto de 2020, y volvió a extender las fechas límites para que el Municipio cumpliera con lo requerido por la Junta. 

Tres días más tarde, el 24 de septiembre de 2020, Jaresko le envió una tercera carta al alcalde Jiménez recordándole la autoridad de la Junta para certificar el Plan Fiscal y el Presupuesto para el Municipio de San Sebastián, y le advirtió que, si no cumplía, la JSF, amparada en la Ley PROMESA, tomaría el curso de acción necesario para que el Municipio de San Sebastián cumpla con el Plan Fiscal, el Presupuesto y los requisitos que imponga dicha entidad. Además, estableció como fecha límite el 15 de octubre para que el Municipio de San Sebastián cumpliera con lo requerido. 

En respuesta a esta correspondencia de Jaresko, el 14 de octubre, el Municipio de San Sebastián, representado por el Bufete Emmanuelli, le expresó que la Ley PROMESA está basada en racismo y en el discrimen ilegal, pues el Congreso, al implementar dicha ley, se basó en la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos y en su interpretación judicial en los llamados Casos Insulares. 

Estos casos, amparándose en distinciones raciales y sociales, establecieron que Puerto Rico es un territorio no incorporado que pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos. Ante ello, PROMESA es inconstitucional bajo la Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos y bajo la normativa internacional respecto a los derechos humanos. 

Argumenta que la Ley no es válida, y la supuesta autoridad invocada por la Junta es improcedente. Por lo tanto, la postura del Municipio de San Sebastián es no acatar lo requerido por la Junta de Control Fiscal y tampoco se va a subordinar al Plan Fiscal y Presupuesto certificado para el municipio, pues dicho organismo no tiene una autoridad válida para obligarlo. 

“Enfrentaremos a la Junta de Control Fiscal para mantener el gobierno democrático en el municipio y salvaguardar los derechos fundamentales de los residentes de San Sebastián”, expresó el alcalde Jiménez. 

Por su parte, el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, representante legal del Municipio de San Sebastián, sostuvo que “al PROMESA ser una ley inconstitucional bajo la Constitución de Estados Unidos e ilegal bajo el derecho internacional, las actuaciones de la Junta de Control Fiscal, amparadas en dicha ley, son nulas y, por lo tanto, carecen de efectos legales”. 

 

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