Cámara de Representantes aprueba legislación para atender crisis de energía que enfrenta Puerto Rico

Entre las medidas, avalaron establecer la “Ley para la Reestructuración de la Deuda de la AEE”.
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La Cámara de Representantes avaló ayer, martes, tres medidas legislativas para atender la crisis de energía que enfrenta Puerto Rico.

Se trata del Proyecto de la Cámara 1429, presentado por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) y las Resoluciones Conjuntas del Senado 326 y 327.

El Proyecto de la Cámara 1429, aprobado con 30 votos a favor y 16 votos en contra y 1 abstenido, permite crear la “Ley para la Reestructuración de la Deuda de la AEE”, con el fin de establecer las condiciones mínimas para la reestructuración de la deuda y la emisión de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y sus afiliadas, en cumplimiento con la política de manejo de deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

“Este Proyecto establece los parámetros que esta Cámara de Representantes junto al Senado, si lo aprueba, estaríamos dispuestos a aceptar en ese plan de reestructuración”, destacó el representante independiente Luis Raúl Torres Cruz, quien también es presidente de la Comisión de Energía.

Según Torres Cruz, tras liderar la discusión durante múltiples audiencias públicas, “muchos deponentes dijeron que gran parte de la deuda de AEE que buscan reestructurar se compone de bonos no asegurados, que fueron bonos de revenue, de ingresos… Así que gran parte de esa deuda no se debe pagar. Así lo establecieron todas las organizaciones de empleados retirados, la UTIER, organizaciones comunitarias, Sierra Club, Queremos Sol, y otras instituciones, que dijeron que no debe pagar ni un centavo de esa deuda”.

“El Proyecto 1429 establece que las condiciones mínimas para la reestructuración de la deuda deberán cumplir con la implementación de reformas que fortalezcan y garanticen la oferta energética en Puerto Rico; y ser cónsona con la política pública de tarifas razonables, y mantener la tarifa y cualquier tipo de cargo lo más cercano posible a la meta aspiracional de 20 centavos el kilovatio hora”, detalló Torres Cruz.

También, la reestructuración de la deuda y emisión de bonos deberá respetar las prioridades de pago del Trust Agreement; recortar significativamente la deuda de bonos de la AEE, pero no permitirle el repago de más de un 30 % de la deuda a los bonistas; proveer financiamiento adecuado al Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE; garantizar el pago de las aportaciones patronales al Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE.

Según el Proyecto aprobado, las próximas emisiones de bonos de la AEE deberán también condicionar cualquier nueva emisión a los términos del Trust Agreement y cumplir con la prohibición de la titularización de los bonos de la AEE; cumplir con la política pública energética, y no menoscabar los derechos actuales de los empleados que permanecen en la AEE.

“Tanto la Junta de Supervisión Fiscal como los Tribunales de Estados Unidos han reconocido el ejercicio de la autoridad legislativa en la reestructuración de deuda…También han validado la autoridad plena de la Asamblea Legislativa para regular las funciones de las corporaciones públicas. Esta Ley se aprueba en cumplimiento de esta facultad constitucional y legal”, rezó el texto legislativo.

De acuerdo con la exposición de motivos de la legislación, en la propia Ley PROMESA se establece que para poder confirmar un plan de ajuste de deudas es necesario contar con la autorización legislativa, regulatoria o electoral.

Actualmente, la jueza federal Laura Taylor Swain mantiene viva la negociación sobre la reestructuración de la deuda de energía eléctrica. La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) deberá presentar ante la jueza Swain un plan de reestructuración de la deuda de la AEE antes del 1 de diciembre de 2022.

“Hemos cumplido la responsabilidad de legislar para garantizar que cualquier reestructuración de deuda promueva la estabilización de la corporación pública, el cumplimiento con sus obligaciones prioritarias y el desarrollo económico de Puerto Rico”, destacaron los autores de la medida.

La Cámara también aprobó la Resolución Conjunta del Senado 327, para ordenar al Negociado de Energía de Puerto Rico a que presente, en un término no mayores de 20 días calendario, un informe detallado de las métricas de cumplimiento adoptadas para medir la adecuada ejecución del contrato otorgado a LUMA Energy.

Por otro lado, avaló con enmiendas la Resolución Conjunta del Senado 326, para ordenar a la AEE y a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) a que presenten, en un término no mayor a 20 días, un plan de trabajo completo ante la posible cancelación del contrato a LUMA Energy. Esta última medida será devuelta para la consideración del Senado de Puerto Rico.

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